Desde 1993, en la época de privatización del salinismo, la empresa Aguakan de Jorge Eduardo Ballesteros Franco  –demandado en Estados Unidos en 2001 por abuso de información privilegiada– da el servicio de agua, drenaje y saneamiento al norte de Quintana Roo. La concesión es hasta 2053. Sin embargo, por las irregularidades del otorgamiento y las cientos de denuncias ante la Profeco por cobros indebidos, autoridades locales buscan anularla mediante un recurso jurídico y una consulta ciudadana.

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).– Sin licitación de por medio para determinar la mejor opción y por solo mil 055 millones de pesos, la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (Aguakan), subsidiaria de la constructora Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), tiene un título de concesión integral hasta el 2053 para otorgar los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en el norte de Quintana Roo en los municipios turísticos de Benito Juárez (Cancún), Isla Mujeres y Puerto Morelos desde 1993 y de Solidaridad (Playa del Carmen) desde 2015.

Autoridades locales han interpuesto un recurso jurídico ante el Tribunal de Justicia Administrativa estatal, el cual va en periodo de desahogo de pruebas periciales, y organizaron una consulta ciudadana que se celebrará el 6 de junio para votar sobre la anulación de esta privatización en tiempos del salinismo.

La Oficina de Defensa del Consumidor de la Zona Caribe Mexicano ha recibido 210 quejas en contra del servicio de esta empresa del 1 de enero de 2019 al 20 de enero del 2021 (107 en el 2019; 92 en el 2020 y 11 en lo que va del año). El motivo principal de las quejas ingresadas es por cobros indebidos, seguido de la negativa a la entrega del servicio, es decir, los consumidores manifiestan haber pagado el servicio y contar con él de forma limitada, informó a este diario la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

De los 210 procedimientos iniciados, 84 de ellos continúan en trámite y en espera de ser conciliados a favor del consumidor, por lo que el monto de la multa puede ascender hasta los 4 millones 877 mil pesos. Gastón Borda, gerente comercial y de comunicación de Aguakan, expuso que el promedio de quejas mensual es de 8.7 por mes, lo que representan el 0.00002 por ciento del total de sus 428 mil clientes y explicó que en ocasiones no se percatan de fugas en tinaco, cisterna o baños, lo cual aumenta sus tarifas.

Tanto la denuncia como la consulta ciudadana las atribuyó a fines electorales y populistas de cara a las elecciones estatales de junio. “Para garantizar el abasto a la población y mantener un servicio integral, se requiere inversión permanente. De no contar con un esquema de participación público-privada como se tiene en cuatro municipios, lo más probable es que el Estado tendría que generar deuda pública, impactando en los bolsillos de la población”, dijo Borda.

Aguakan se formó en julio de 1990 y opera en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) desde diciembre de 2014. Ante sus inversionistas, la empresa propiedad de Jorge Eduardo Ballesteros Franco justifica que desde la década de los noventa la “escasez” de presupuesto público para invertir en sistemas de agua dieron lugar a nuevos esquemas para “resolver el grave rezago”, sobre todo en los centros turísticos de la entidad. En 1991, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) estatal y la empresa realizaron un primer proyecto de coinversión en infraestructura y el 20 de octubre de 1993 se otorgó la concesión, ampliada por 30 años en el 2014 durante el Gobierno estatal de Roberto Borge Angulo, detenido por desvío de recursos públicos.

En mayo de 2014, durante el Gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, en Puebla también se privatizaron los servicios de agua y de drenaje a la empresa Concesiones Integrales “Agua de Puebla”, la cual reconoció 46 mil cortes en el municipio de Puebla por adeudos de 2016 a julio de 2019. Aunque la Asamblea Social del Agua (ASA), un colectivo local de abogados, calcula que son 100 mil al año en promedio, ya que los incrementos de tarifas fueron de 400 por ciento en el último lustro.

El Procurador Ricardo Sheffield aseguró en abril de 2019 que Aguakan es el “rey de las denuncias” interpuestas por los quintanarroenses por cobros indebidos, ya que le da por “facturar aire”. Desde una rueda de prensa en la entidad expuso que “primero iremos por la vía del diálogo y si no, nos vamos por los tribunales” puesto que el problema con la compañía radica “desde sus contratos de adhesión” para la prestación de los servicios, irregularidad en la que coincide la Alcaldesa de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete. Desde 2018 la Presidenta Municipal presentó al Tribunal de Justicia Administrati va del Estado de Quintana Roo un recurso para anular la concesión por incumplir la Ley, el cual continúa en proceso.

“Yo hice el pago en una tienda del super y me dieron mi recibo y todo, cosa que no se me reflejó en la compañía de Aguakan”, le dijo Jesús, residente de Cancún, a la Senadora Marybel Villegas Canché, quien juntó más de 50 mil firmas para llamar a una consulta ciudadana sobre la concesión en los cuatro municipios donde opera la empresa. “De ahí pasaron unos cinco meses, vienen y me cortan el agua. Abro mi llave a las siete de la mañana y puro aire, pero te está marque y marque”.

La Alcaldesa de Solidaridad Laura Beristain aseguró que el cobro “es desmesurado” por brindar el “deficiente” servicio de agua potable a los ciudadanos y afecta el ecosistema  a través de la contaminación del agua y de mantos freáticos, debido “a las precarias condiciones en las que trabajan las plantas de tratamiento de aguas residuales en el municipio, así como en los cárcamos de agua potable”.

No obstante, el gerente comercial y de comunicación de Aguakan argumentó que la compañía no ha violado ningún ordenamiento ni Ley. “En cada proceso electoral surgen discursos y voces que distorsionan la información. Señalan la dureza del agua o hablan de mala calidad, cuando por las propias características del suelo de la Península es natural que el agua tenga propiedades diferentes a los de otros estados”, planteó.

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(SIN EMBARGOMX)