El gobierno de Andrés Manuel López Obrador está prácticamente a unas horas de concretar trasladar a la Tesorería de la Federación la mayor parte del Fondo de Salud para el Bienestar, con el que las familias tenían acceso a atención en el caso de enfermedades graves y con servicios caros, que les pudieran causar una catástrofe financiera.

De aprobarse esta semana en las cámaras, en 10 meses, el Congreso —a petición del presidente— habrá logrado echar abajo los últimos resquicios del Seguro Popular y ‘extraer’ el 72% del fondo, es decir, 73,000 millones de pesos para reorientar el gasto al sistema de salud.

Esto sucede en la víspera de que arranquen las discusiones por el Presupuesto de Egresos del próximo año, donde el tema de salud por la pandemia de COVID-19 será nuevamente un reto para las finanzas del gobierno federal y de los estados.

Este domingo, los 10 gobernadores aliancistas enviaron una nueva carta al presidente, solicitando que se establezca un fondo para poder atender la pandemia, pues hasta ahora, señalan, los estados han tenido que enfrentar solos la emergencia sanitaria en materia presupuestaria, pues el Instituto de Salud para Bienestar (Insabi) no ha entregado los recursos a las entidades que se adhirieron al sistema.

Mientras la pelea por los recursos públicos comienza, los casos confirmados y las hospitalizaciones siguen aumentando en algunas entidades, y esta semana la iniciamos con dos de regreso al semáforo rojo: Chihuahua y Durango. (EXPANSION)